PEDRO TRUJILLO
Una histórica decisión de la CC permite que por primera vez un expresidente de la República sea extraditado a los Estados Unidos. Los pasos jurídicos ya están dados y falta que el Presidente Colom autorice el proceso. No se sabe qué hará, aunque parece ser que no le queda de otra que permitir que sea extraditado, salvo que esté dispuesto a superar las críticas que a la fecha lleva la Santa Inquisición. Un brete sobre el que debe resolver, a pesar de que las opciones no son muchas. Lo que el Ministerio Público no pudo probar en primera instancia, es decir, la culpabilidad del exmandatario, será parte de la futura labor de la fiscalía neoyorquina.
Los argumentos de estos últimos parece que han sido, judicialmente hablando, de mayor contundencia que aquellos que presentaron los de casa. Todo un ejemplo de lo que falta por hacer aquí, si quieren, de verdad, posicionar a la justicia en un ranking más apropiado y, sobre todo, ganarse la confianza de los ciudadanos.
Otra reflexión, posiblemente más audaz, es que debería afligirnos y darnos vergüenza el hecho de tener que extraditar a un expresidente. La imagen de la democracia que transmitimos al mundo es la de haber elegido a un “delincuente” con los votos de muchos que ahora se rasgan las vestiduras, además de la patente incapacidad para juzgarlo aquí y una manifiesta inoperancia del sistema judicial, algo por otra parte públicamente reconocido, tanto por la Cicig como por el propio Ministerio Público, al declarar que no se podía asegurar la integridad de otro de los reclamados, aunque seguro se apropiarán vorazmente del “logro” de esta extradición. Sin embargo, son ellos los que han llevado este caso a una polémica, en que la eficacia del organismo público y la de sus colegas internacionales deja mucho que desear.
Si lo duda, léase la sentencia absolutoria que emitió el tribunal y comprobará las razones de las juezas.
Superar la indefensión y reducir la impunidad pasa porque el Ministerio Público haga su trabajo de forma adecuada y precisa. La mayoría de las sentencias absolutorias lo son, no porque los jueces se compren, no hagan bien su trabajo o sean corruptos —que de todo hay—, sino por la insostenibilidad de las pruebas que el organismo encargado de la investigación aporta o la inexistencia de las mismas. Es ahí precisamente donde hay que prestar atención y no hacer una crítica general que impide fijar la atención en el problema y permite que se diluya en discusiones estériles. Tampoco es momento de echar las campanas al vuelo ni de idealizar sistemas.
La extradición se concede con la recomendación de que se respeten los derechos humanos del señor Portillo, y es que los EE. UU. no han ratificado tal declaración. Esperemos que en un pavoneo de esos que tienen de vez en cuando no hagan como con el terrorista O. B. Laden, a quien por “decreto presidencial” se le arrojó al mar y así se hizo “justicia universal”. Como vemos, es una paradoja interesante que se completa con la negativa a entregar al también acusado Llort Quiteño. Y es que ellos ¡sí saben cómo hacerlo!
Cada vez estoy más convencido de que por eso se redactan las sentencias de forma tan compleja e ininteligible. Repletas de tecnicismo y de latinajos, conforman un documento difícil de comprender, y me da el tufo de que es así para que las críticas y los análisis se reduzcan sustancialmente. Es toda una suerte de procedimientos que más parecieran estar hechos para no comprenderlos, que para aclarar la situación. ¡Viva la justicia!
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día martes 30 de agosto 2011.
