El voto es personal y secreto: cada persona es libre de votar como más le plazca. Podemos elegir al azar, investigar nuestra preferencia, abstenernos y cambiar de opinión en el último momento. Es inexacto, por tanto, hablar del voto rural o urbano, docente o campesino, sindical o empresarial, católico o evangélico.
Lo anterior no riñe con el hecho de que muchos intentan votar en coherencia con sus valores, creencias, e incluso con sus intereses particulares. El foro de los candidatos presidenciales que organizó la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) hace unos días sacó a discusión pública los temas que inquietan a los votantes que profesan la fe católica, aquí y en cualquier país del mundo.
Yo identifico dos preocupaciones con efecto galvanizante: aquello que el beato Juan Pablo II llamó “La cultura de la vida”, y la libertad de culto. El foro de la CEG se centró en la primera. Es una causa prioritaria también para otras religiones, y se construyen argumentos poderosos desde el humanismo secular, o el derecho natural. La defensa de la vida desde el momento de concepción hasta el momento de la muerte natural nace de la convicción que cada vida humana es única e irrepetible. Interesa saber qué piensan los políticos sobre la eutanasia y el aborto. Además, las propuestas de políticas públicas tienden a afectar a la familia y el principio de la patria potestad. El Estado debe respetar la libertad y responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos.
En Guatemala no vivimos una amenaza a la libertad de culto, pero en algunos países como China y Arabia Saudita aún se persigue a los cristianos por ser cristianos. En múltiples ocasiones el papa Benedicto XVI ha dicho que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental que todos los Estados deberían respetar siempre. El otro lado de la moneda es que la práctica religiosa asume una adherencia libre y voluntaria de los fieles, no se impone; creemos en y desde la libertad.
Cabe recordar que el clima de libertad prima además en cuestiones sociales, políticas y económicas. La Doctrina Social de la Iglesia nos orienta, pero no esboza propuestas concretas. “La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados”, (Caritas in Veritate, punto 9). Dentro de la Iglesia coexisten una pluralidad de posiciones en materia opinable. Por eso, socialistas, keynesianos y clásico liberales pueden ser, a la vez, concienzudos católicos.
Con sabiduría, el Vaticano inhibe a las autoridades eclesiásticas de participar directamente en la política. Claro está que como profesionales y ciudadanos que son, los líderes religiosos llegan a formar convicciones en variedad de temas opinables.
Sin embargo, no deben inducir a la feligresía a votar por uno u otro partido, ni abogar por un modelo socioeconómico específico. Sí instan, con razón, a los fieles laicos a empaparse de las enseñanzas de la Iglesia para ser cada vez ciudadanos más responsables y participativos.
