POR JORGE JACOBS A.Ayer nos enteramos de los di-mes y diretes entre la jueza décima del ramo Penal, Verónica Galicia, y Francisco Dall'Anese, jefe de la Cicig, por desacuerdos en la actuación de la jueza en varios casos. En medio de la trifulca, la jueza hace una acusación muy delicada contra funcionarios de la Cicig, por tratar de alterar la documentación de un caso, lo que, además de ser un grave crimen, en cualquier parte del mundo sería suficiente para armar un gran escándalo y correrían las cabezas de los involucrados y quién sabe cuántos niveles jerárquicos superiores más; sin embargo, en Guatemala no pasa nada. La mayoría de la población, incluidos quienes hicieron la nota —creería, por el poco peso que le dieron—, ni siquiera se percataron de la gravedad de las acusaciones.
En la nota titulada “Jueza afirma debilidad de Cicig en acusaciones”, presentada en la edición de Prensa Libre de ayer miércoles 15 de junio, en la página 3, en uno de los últimos párrafos se consigna lo siguiente: “Galicia explicó que no aceptó la recusación en el caso Maskana por estar fuera de tiempo. 'La Cicig intentó hablar con el oficial para que pusiera sello y fecha atrasada, y que cambiara la constancia de su notificación, pero no se le permitió. Esas situaciones provocaron que tomara la decisión de separarme de los dos procesos', dijo la jueza”.
No sé si usted se percata de lo serio de la acusación. La jueza dice claramente que funcionarios de la Cicig trataron de falsificar documentos para que pareciera como si los habían entregado dentro del plazo que establece la ley y así poder utilizarlos dentro de un juicio. Eso, aquí y en casi cualquier parte del mundo es un grave delito. Si a eso le añadimos que quienes intentaron cometer el crimen son quienes supuestamente vinieron a Guatemala para “fortalecer la justicia”, el caso pasa de ser engorroso a totalmente despreciable.
Sin embargo, aquí no pasa nada. ¿Dónde está el Colegio de Abogados reclamando que se investigue esa denuncia? ¿Donde está el Ministerio Público iniciando una investigación? ¿Dónde está la “sociedad civil” exigiendo que se aclare tan grave acusación? ¿Dónde está la ciudadanía indignada pidiendo que se aclare esa situación y se le devuelva la confianza en las instituciones?
No pasa nada. Nadie dice nada. Cualquiera puede hacer lo que se le da la gana, pasarse la ley por el arco del triunfo, y no pasa nada. Por lo menos me queda la conciencia tranquila de que nunca estuve de acuerdo, y lo expresé abierta y públicamente desde hace años, con la absurda idea de que trayendo a un grupo de personas que estuviera por encima de la ley se resolverían los problemas de seguridad y justicia del país. De hecho, ha pasado lo que algunos pocos advertimos desde ese entonces, que quien está por encima de la ley, tarde o temprano acaba corrompiéndose. Esta no es sino la más reciente prueba de tal extremo.
Y ante acusaciones como esta, no queda menos que preguntarse, ¿qué pasa con todas las acusaciones anteriores, muchas de ellas realizadas sin ninguna prueba? ¿Será que podemos confiar en quienes están dispuestos a pasar por encima de todos los principios del debido proceso con tal de que su punto sea el que prevalezca?
Repito aquí lo que Luis Figueroa pone a veces en su blog: “Si usted no está indignado es porque no está poniendo atención”. ¿Qué más se necesita para que entendamos que lo que hace falta es un cambio del sistema? ¡Urge ProReforma!
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo 21", el día jueves 16 de junio 2011.
